La red de cloacas y la deuda ambiental
La infraestructura cloacal rara vez ocupa el centro del debate público. Sin embargo, de ella dependen cuestiones tan diversas como la calidad del agua, la prevención de enfermedades, la protección de los ecosistemas y el desarrollo ordenado de las ciudades. Allí donde las redes no existen o no alcanzan, las alternativas son sistemas individuales más proclives a contaminar el ambiente, porque terminan infiltrándose en el suelo o descargándose en ríos, arroyos y lagunas.
En Argentina, sólo el 57,4% de la población cuenta con desagüe a red cloacal. A esa deuda histórica se suma un nuevo escenario: la reducción de la inversión del actual gobierno nacional en agua y saneamiento (apenas puso en marcha dos obras nuevas y casi el 80% de las obras heredadas fueron paralizadas), al mismo tiempo la eliminación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, organismo que durante años coordinó y financió este tipo de obras. ¿Qué implica dejar de invertir hoy en una infraestructura cuyos efectos suelen hacerse visibles recién años después? Alrededor de esta pregunta gira el nuevo informe de Biocomunidad.
Salud pública y ambiente
Desde el punto de vista sanitario, la Organización Mundial de la Salud advierte que un saneamiento deficiente se asocia a la transmisión de enfermedades como la diarrea, el cólera, o la fiebre tifoidea. Además, agrava problemas como el retraso del crecimiento infantil y contribuye a la propagación de la resistencia antimicrobiana. Dicho de otro modo, la niñez es más vulnerable a sus efectos. “Los niños sin acceso a agua potable y saneamiento tienen más enfermedades, dificultades para absorber nutrientes y más ausencias escolares y recreativas”, señalan en este informe de la UCA y CONICET.
Los líquidos cloacales contienen materia orgánica, bacterias, virus, nutrientes y otros contaminantes que no deberían llegar sin tratamiento adecuado al suelo ni a los cuerpos de agua. Cuando eso ocurre, pueden contaminar napas, degradar arroyos y ríos, favorecer la proliferación de algas y afectar la biodiversidad acuática. El problema ya puede observarse en uno de los principales reservorios de agua dulce del país: un estudio reciente de investigadores de universidades públicas encontró contaminantes asociados a descargas cloacales en más del 80% de los puntos muestreados en sectores urbanos del estuario del Río de la Plata, incluidas zonas costeras utilizadas para recreación y pesca. A ello se suma que muchas plantas existentes en el país no están preparadas para remover contaminantes emergentes, como fármacos y productos químicos de uso doméstico.
El cambio climático vuelve más delicado este déficit. La Organización Mundial de la Salud advierte que los sistemas de saneamiento afectados por amenazas climáticas aumentan los riesgos sanitarios y de contaminación. Inundaciones y otros eventos extremos pueden dañar la infraestructura y afectar su funcionamiento. Por eso, señala el organismo, invertir en saneamiento también constituye una política de adaptación climática: reduce vulnerabilidades, protege las fuentes de agua y prepara a las ciudades para eventos extremos cada vez más frecuentes.
Pero contar con cloacas no resuelve por sí solo el problema. Sin presupuesto destinado al mantenimiento y la ampliación de redes, en la capacidad de las plantas de tratamiento y en los controles ambientales, la infraestructura puede resultar insuficiente frente al crecimiento urbano.
Un escenario desigual
Según el Censo 2022, el 42,6% de la población argentina no cuenta con desagüe a red cloacal. El dato muestra una mejora respecto de 2010, cuando esa proporción alcanzaba al 51%, pero también expone la magnitud de una deuda que se distribuye de manera muy desigual en el territorio.
Los datos por hogares exponen esa desigualdad. Mientras el promedio nacional de acceso a red cloacal es del 62,6%, Misiones registra una cobertura del 26,6%; Santiago del Estero, del 28,7%; Chaco, del 34,3%; Formosa, del 42,5%; y Córdoba, del 45,7%. Ciudad de Buenos Aires, en cambio, tiene casi cobertura universal (99,2%). El lugar donde se vive condiciona, así, el acceso a una infraestructura básica de saneamiento.
Pero los promedios provinciales esconden diferencias todavía más profundas. Una localidad puede tener redes extendidas en su casco urbano y, al mismo tiempo, barrios periféricos que crecen sin infraestructura sanitaria. En La Plata, por ejemplo, investigadores de la UNLP identificaron una cobertura del 96% en el casco urbano, mientras que en Arturo Seguí, un centro comunal periférico y densamente poblado, apenas alcanza al 4%. En términos generales, el distrito redujo su cobertura entre los dos últimos censos: pasó del 70,7% al 69,5%, una caída vinculada al crecimiento urbano hacia zonas donde las redes no acompañaron la expansión.
Las diferencias también aparecen entre municipios cercanos. En el conurbano bonaerense, Vicente López tiene al 98,4% de sus viviendas conectadas a la red cloacal, frente a apenas el 8,1% de José C. Paz. Esto ocurre aun cuando la provincia de Buenos Aires mejoró notablemente su cobertura entre 2010 y 2022, al pasar del 47,5% al 61,1%. El avance, por lo tanto, no fue homogéneo.
La misma fragmentación se observa en otras provincias. Córdoba tiene una cobertura de cloacas del 45,7% de los hogares, pero las diferencias por departamento son marcadas: General San Martín supera el 81%; Río Cuarto alcanza el 71,2% y la Capital, el 56,9%, mientras que gran parte de los departamentos del norte y noroeste se ubican por debajo del 4%.
En Misiones, la provincia con menor cobertura del país, el promedio es del 26,6% de las viviendas. Sin embargo, también allí el dato provincial oculta fuertes contrastes: Posadas alcanza una cobertura cercana al 56%, mientras Puerto Iguazú registra un 13,8% y San Pedro apenas un 2,1%.
En sintonía, el relevamiento Social Comunitario (ResCom) de la Fundación COLSECOR, realizado en 44 localidades de diez provincias, registró que sólo el 45,1% de las viviendas tiene acceso a cloacas, casi 18 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Además, en el 30% de las localidades relevadas la cobertura no supera el 10%. El dato vuelve a mostrar que la desigualdad en el acceso al saneamiento no se explica únicamente por la provincia en la que se vive; también depende del tamaño de la localidad y del punto exacto del mapa en el que se habita.
Sin inversión nacional
La infraestructura sanitaria tiene una particularidad que la diferencia de otras obras públicas: cuando deja de construirse, el deterioro no siempre es inmediato ni visible. Cada nuevo barrio sin saneamiento incrementa la presión sobre pozos absorbentes, plantas existentes y cursos de agua cercanos. Esa deuda ambiental se acumula lentamente y suele manifestarse años después, cuando el costo económico, sanitario y ecológico para revertirla resulta mucho mayor.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre 2024 y agosto de 2025 el financiamiento nacional para obras de agua potable y alcantarillado atravesó un retroceso histórico. De ese modo, la inversión en agua y cloacas cayó 95% frente a 2023, ya que el Gobierno nacional inició apenas dos obras nuevas y casi el 80% de las obras heredadas fueron paralizadas.
A ese escenario se suma la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA),organismo que históricamente tuvo un rol clave para el saneamiento por red cloacal. El Decreto 1020/2024, publicado en el Boletín Oficial, dispuso que el ente quedara disuelto a los treinta días de su publicación y que sus recursos materiales y financieros fueran transferidos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El Gobierno justificó la decisión en la búsqueda de una mejor utilización de recursos y en evitar duplicaciones de funciones.
Pero más allá de esa fundamentación oficial, el cierre del ENOHSA modifica el esquema institucional que permitía financiar, asistir técnicamente y coordinar proyectos de agua y saneamiento entre municipios y provincias. En territorios con baja capacidad presupuestaria, esa articulación era central para sostener obras de gran escala. Sin ese respaldo, la pregunta es quién puede hacerse cargo de redes troncales, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y conexiones domiciliarias.
Otro caso paradigmático es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que articula acciones entre Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y catorce municipios, e incluye la expansión de redes cloacales, agua potable, plantas de tratamiento, control industrial y urbanización de barrios. Durante los últimos años, las principales obras de infraestructura (como el Sistema Riachuelo, financiado en gran parte mediante préstamos del Banco Mundial) permitieron ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes para millones de habitantes. Sin embargo, desde diciembre de 2023 el escenario cambió. Aunque el PISA continúa formalmente vigente, la falta de presupuesto debilita su intervención: tal como señalan desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “en 2024 el presupuesto destinado al saneamiento y la mejora de infraestructura de la Cuenca cayó 77,5% en términos reales”. A ello se suma que una auditoría oficial de la Ciudad de Buenos Aires advirtió dificultades en la identificación y seguimiento presupuestario de las acciones vinculadas al PISA (cuánto presupuesto se ejecuta efectivamente en las distintas acciones del plan).
¿Pueden las provincias o municipios hacerse cargo de esa agenda? Como explicaron especialistas de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), una red cloacal requiere estudios de factibilidad, proyectos elaborados por ingenieros especializados, kilómetros de cañerías, maquinaria de alto costo y, según las características del terreno, estaciones elevadoras y otras obras complementarias. La escala de la inversión puede superar ampliamente la capacidad financiera local: en 2023, una obra cloacal proyectada en Santa Elena, Entre Ríos, equivalía al presupuesto anual completo del municipio.
La propia UNICEF reconoce esos límites. A través de la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), acompaña a gobiernos locales en la elaboración de diagnósticos y planes de acción. Una de sus líneas aborda específicamente el ambiente, el cambio climático y el acceso a servicios básicos, como agua potable y cloacas, con participación de municipios de nueve provincias argentinas.
La iniciativa permite identificar riesgos y planificar respuestas, pero la guía de MUNA advierte sobre los márgenes limitados de incidencia de los gobiernos locales. En materia de saneamiento, un municipio puede diagnosticar la falta de cloacas y definirla como prioridad, pero difícilmente pueda financiar por sí solo grandes obras y sostener una planificación de largo plazo entre jurisdicciones, expresan desde UNICEF. Un río contaminado, una napa afectada o una planta saturada no reconocen límites administrativos.
Incluso las provincias advierten sobre las dificultades para asumir ese financiamiento. En Buenos Aires, un reciente fallo de la Justicia platense ordenó al gobierno provincial destinar más de 157 millones de pesos a obras de saneamiento en la planta que trata los efluentes que impactan sobre el arroyo El Gato y el Río de la Plata. Desde el Ejecutivo bonaerense calificaron la medida como “de imposible cumplimiento” en el actual contexto financiero y señalaron un problema de fondo: se trata de obras que, por su escala, históricamente dependieron del financiamiento nacional.
Las cloacas permanecen ocultas bajo las calles. Sus consecuencias, en cambio, terminan apareciendo, tarde o temprano, en la superficie: en el agua que se contamina, en los barrios que se inundan, en las enfermedades que podrían evitarse y en las desigualdades territoriales que se profundizan. Desde la Fundación COLSECOR entendemos que invertir en saneamiento público no es sólo una decisión de infraestructura y de nivel sanitario; es también una política ambiental para las próximas generaciones.