Vivimos en una sociedad conectada que algunas autoras, como Shoshana Zuboff, denominan “capitalismo de vigilancia”, y en la cual la información que aportamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales o en los servicios de aplicaciones resultan en un activo, tanto del mercado como de la política. Es así que la privacidad en Internet y la protección de datos personales requieren ser atendidos en los ámbitos públicos y nos exige, en nuestro caso como Fundación y sector cooperativista, reflexionar sobre estos derechos de las ciudadanías.
La agenda pública de la Fundación COLSECOR de este mes se concentrará en la temática de la privacidad y la protección de datos personales, una preocupación cada vez mayor en los diversos estamentos que componen las sociedades democráticas. En la era en que Internet es más que una red de redes y se caracteriza por el dominio algorítmico de las plataformas digitales, la masividad de los datos y el avance de la inteligencia artificial, la cuestión emergente es qué pasa con las libertades de las y los ciudadanos. No obstante, entendemos que va más allá, porque estos derechos guardan una estrecha relación con el cuidado de la participación ciudadana en el ámbito político-institucional y en los canales tradicionales de representación política. En definitiva, con la democracia. Como señala Ed Finn “el algoritmo gestiona cada vez más no sólo recuerdos, sino también decisiones”.
Las tecnologías digitales, en general, y los sistemas de inteligencia artificial (IA), en particular, pueden servir como alternativa y solución en diferentes problemáticas sociales y ser beneficiosas tanto para ciudadanos, como para empresas y gobiernos. Pero pueden tener consecuencias indeseadas, como la invasión a la privacidad y la manipulación de datos, motivos suficientes para una profunda atención de los diversos actores sociales y políticos.
En la actualidad, la mayoría de los países no tienen criterios y estándares que abordan el avance algorítmico y la IA en nuestras vidas cotidianas y, ante ese vacío legal, aumentan los riesgos, especialmente en poblaciones vulnerables. Desde el uso de tecnologías de reconocimiento facial en el espacio público a la utilización de datos personales, sin consentimiento, se presentan como un potencial peligro.
Las tecnologías deberían estar puestas al servicio de las personas y no al revés; mantener y fortalecer el Estado de derecho, en lugar de contribuir a su fragilidad; servirse de los datos para el bien común y no privado; facilitar la transparencia en lugar de opacar su diseño e implementación. En cambio, hoy la lógica algorítmica de muchas de las plataformas y empresas vinculadas a la inteligencia artificial, que además se encuentran en una posición de mercado concentrado, son una caja negra no sólo para los públicos en general, también para especialistas y los propios organismos públicos.
De telón de fondo aparece un contexto global de avance de sectores de derecha y extrema derecha que hacen más complejo este escenario, porque, como señala el politólogo Natalio Botana, “aunque no lleguen al gobierno logran imponer sus agendas y capitalizar sus discursos en las plataformas digitales. Si bien en formas diversas de comportamiento político, estas tendencias autoritarias coinciden en un punto: erosionar el sistema democrático; debilitar la gobernabilidad y convivencia democrática. ¿Qué se pierde si la democracia se erosiona o se cancela? Fundamentalmente, el cuidado de las ciudadanías.
Es allí donde se requerirá de una mayor participación de la sociedad civil, clave en el sostenimiento de la democracia. Desde la Fundación COLSECOR estamos convencidos de que el cooperativismo tiene mucho para aportar al espacio público y las políticas de derechos de las ciudadanías, como son la seguridad, privacidad y protección de los datos. El entorno digital exige cuestiones de ética y reglas claras para servir al bien público, ya que no se trata sólo de proteger los derechos individuales, sino, fundamentalmente, los derechos colectivos.
El cooperativismo, como movimiento y sector económico, debe sentar bandera sobre el acceso y protección digital de las y los ciudadanos, como lo hizo siempre en el escenario analógico, teniendo en cuenta que sus misiones y funciones están orientadas por valores sociales y democráticos en la esfera pública, de equidad y carácter solidario y no por tendencias de mercado.
