La deforestación urbana, una urgencia ambiental silenciosa

En contextos de urbanización acelerada y desigual como el de América Latina, y particularmente en Argentina, la gestión ambiental no puede disociarse de la percepción ciudadana ni de la planificación estatal. Este documento propone una reflexión articulada a partir del análisis de dos fuentes fundamentales. 

Por un lado, el informe técnico “La deuda ambiental de la deforestación”, elaborado en 2025 por la Fundación COLSECOR en el marco del Proyecto Biocomunidad. Se trata de un informe técnico con enfoque cualitativo y territorial, basado en relevamientos locales, análisis normativo y experiencias comunitarias en localidades pequeñas y medianas de Argentina. Su objetivo es visibilizar el déficit de arbolado y proponer estrategias integrales bajo el prisma de la justicia ambiental. 

Por otro lado, el estudio “Problemas y percepciones respecto a prácticas ambientales y gestión de residuos en Argentina”, desarrollado en 2023 por Fundación COLSECOR, mediante una encuesta representativa a nivel nacional. Este estudio ofrece datos desagregados por región, edad y género. Su objetivo fue relevar los principales problemas ambientales identificados por la población argentina, así como su percepción sobre actores responsables y niveles de participación. El contraste entre ambos materiales revela una  distancia entre el conocimiento experto y la percepción social sobre el rol estratégico del arbolado urbano, así como oportunidades claras para avanzar en políticas públicas con mayor equidad y eficacia.

La brecha en la percepción ciudadana sobre la importancia del arbolado urbano

En el documento La deuda ambiental de la deforestación, se establece de manera contundente que el arbolado urbano y los espacios verdes públicos son un componente fundamental para garantizar ciudades habitables y sostenibles en Latinoamérica. Se presentan como la inversión más práctica y económicamente óptima para mejorar la calidad de vida urbana, siendo reconocidos como infraestructura verde urbana que provee servicios esenciales para la salud humana y el ambiente. El documento detalla una extensa lista de beneficios ambientales, ecológicos y sociales, incluyendo la mitigación del cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la gestión del agua, la reducción de la contaminación acústica, la mejora de la salud pública, la promoción de la interacción social y el incremento de la seguridad.

La pérdida o gestión insuficiente del arbolado se califica como una amenaza directa al derecho a un ambiente sano y tiene impactos medibles y desiguales como el aumento de la temperatura urbana, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como la contaminación acústica. El documento lo considera un componente estructural de la justicia ambiental y un derecho colectivo.

En contraste, el estudio sobre percepciones exploró los principales problemas ambientales identificados por la población argentina en 2023. Al consolidar las respuestas, la “Falta de espacios verdes" aparece en la lista, pero con un porcentaje de mención significativamente bajo a nivel nacional (5.0% consolidado). Los problemas ambientales percibidos como más importantes son otros, como la Contaminación del agua (37.4%), el Cambio climático (32.7%), la Deforestación (28.1%), los Residuos (25.1%) y la Contaminación del aire (20.8%).

Cabe destacar que esta baja percepción sobre la falta de espacios verdes es, en la práctica, más problemática en contextos de mayor densidad poblacional. En grandes centros urbanos con elevada población, donde el déficit de arbolado y el fenómeno de isla de calor urbana son más graves, la invisibilización del problema puede derivar en impactos más severos. En cambio, en municipios más pequeños, donde el acceso a espacios verdes es más inmediato, la percepción del problema puede ser aún menor, lo cual refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas por tamaño y densidad poblacional.

Además, al desagregar la percepción según variables sociodemográficas, se observa que las personas jóvenes entre 16 y 29 años, así como los varones, tienden a mencionar con menor frecuencia la falta de espacios verdes como un problema prioritario, mientras que las mujeres y los mayores de 50 años evidencian una mayor preocupación relativa por estos espacios, posiblemente asociada a su uso más intensivo y a una percepción más directa de sus beneficios para la salud y la calidad de vida.

Percepción de responsabilidad estatal y la problemática de la desinversión

El estudio sobre percepciones respecto a prácticas ambientales efectuado por la Fundación COLSECOR en 2023, indagó sobre quiénes son considerados los principales responsables del cuidado del ambiente. La encuesta arroja que la mayoría de los consultados atribuye la mayor responsabilidad al Estado, en sus distintos niveles: nacional (65.9% "Muy Responsable"), provincial (61.2% "Muy Responsable") y municipal (59.9% "Muy Responsable"). Las empresas e industrias también son vistas como muy responsables (61.2%), mientras que las personas individualmente consideradas tienen un porcentaje menor (35.5%).

Por su parte, el documento sobre arbolado y deforestación presentado este año diagnostica retrocesos y deficiencias, señalando que una de las causas principales para la deforestación urbana es la desinversión estatal en infraestructura verde. Se menciona que los presupuestos municipales a menudo priorizan obras de cemento sin tener en cuenta los costos sanitarios y climáticos de la pérdida de árboles.

Esta situación es aún más crítica en municipios densamente poblados o con alta vulnerabilidad social, donde el impacto negativo de la pérdida de arbolado es más inmediato y profundo y donde, sin embargo, suele haber menos presupuesto destinado a infraestructura verde. La relación entre ambas fuentes es directa: la ciudadanía espera la acción estatal, y la problemática del arbolado se intensifica allí donde esta acción falta. Las políticas públicas y el compromiso estatal son vistos como necesarios tanto por los expertos como, implícitamente, por la población, especialmente en zonas de mayor concentración demográfica.

Oportunidades y desafíos para la participación ciudadana

El trabajo “La deuda ambiental de la deforestación” aboga por un abordaje participativo, promoviendo mecanismos de participación ciudadana activa y vinculante para reconocer el arbolado como bien común urbano. Se presentan experiencias exitosas en Argentina y otros países que incluyen la participación vecinal en planes de gestión del arbolado.

En el Estudio de percepciones sobre prácticas ambientales se muestra que sólo un 8% participa frecuentemente en la creación de políticas ambientales, y un 6.3% participa en actividades ambientales. Sin embargo, un 26.9% manifestó que lo haría si supiera cómo o dónde.

Este dato revela una oportunidad latente, particularmente en centros urbanos con población joven o niveles educativos medios y altos. En cambio, en municipios más pequeños o rurales, la participación suele canalizarse a través de redes comunitarias informales, lo que implica que las estrategias deben adaptarse al tamaño poblacional y a las formas organizativas predominantes en cada territorio.

También se observan diferencias significativas por edad y género. Las mujeres muestran una mayor disposición a participar en actividades ambientales si se les brinda información y canales adecuados. A su vez, los jóvenes expresan una mayor intención de involucrarse en temas ambientales en el futuro, lo que representa una oportunidad para programas educativos y de voluntariado con enfoque generacional.

Preocupaciones ambientales priorizadas por la ciudadanía

Aunque la falta de espacios verdes no figura como prioridad ciudadana, sí lo hacen la contaminación del aire, el cambio climático y el ahorro energético. En este sentido, en la investigación presentada este mes por la Fundación COLSECOR, se vincula el arbolado como paliativo a todos estos problemas: mejora la calidad del aire, reduce el ruido, modera el clima urbano y reduce la necesidad de refrigeración artificial.

En ciudades con alta densidad poblacional, donde el uso de energía para climatización es elevado y la calidad del aire deficiente, estos beneficios tienen un impacto mucho más tangible. Sin embargo, en estas mismas zonas la cobertura de arbolado suele ser menor. Comunicar los beneficios del arbolado en términos de los problemas que la ciudadanía ya identifica como prioritarios puede ser una estrategia poderosa, especialmente en contextos urbanos con alta población expuesta a estos riesgos.

Arbolado urbano como elemento de justicia ambiental y desigualdad territorial

La pérdida de arbolado genera zonas de sacrificio ambiental, sobre todo en barrios de menos ingresos. La distribución desigual del arbolado urbano es identificada como una forma de injusticia ambiental que refuerza desigualdades históricas.

Si bien el estudio sobre percepciones respecto a prácticas ambientales no mide directamente la conciencia sobre esta desigualdad, el 94.1% de los encuestados coincide en que la situación ambiental ha empeorado y el 85.9% considera que las leyes no son lo suficientemente estrictas. Esto sugiere un terreno fértil para que la problemática del arbolado urbano sea enmarcada como una cuestión de justicia ambiental y derecho colectivo, especialmente en zonas con alta población y menor cobertura verde.

Inversión en infraestructura verde: un elemento clave

La comparación de ambos documentos subraya la urgencia técnica y social de mejorar la gestión del arbolado urbano. Aunque la ciudadanía no prioriza específicamente la falta de espacios verdes, existe una percepción generalizada de responsabilidad estatal, una disposición latente a la participación y una alta preocupación por problemas que el arbolado puede mitigar.

Incorporar estrategias diferenciadas por tamaño poblacional es clave. En grandes ciudades, la inversión pública en infraestructura verde y campañas de concientización resulta fundamental para revertir el déficit y visibilizar sus beneficios. En municipios medianos o rurales, el fortalecimiento de redes comunitarias y mecanismos de participación directa puede ser más efectivo. A su vez, contemplar las diferencias por edad y género permite diseñar políticas más inclusivas y efectivas. 

La distribución equitativa del arbolado no sólo responde a criterios técnicos o ambientales, sino que constituye una deuda social y una oportunidad para avanzar en justicia ambiental y derecho al ambiente sano para todos los sectores de la población argentina.

Cuadro comparativo: análisis por población, edad y género

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