El déficit habitacional es un problema persistente en el país. Los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), muestran que, a pesar de las estrategias y acciones implementadas en años anteriores, un gran número de personas no cuenta con casa propia, vive en condiciones precarias o carece de acceso adecuado a una vivienda digna. Además, el panorama es muy desigual e incierto a lo largo y a lo ancho del país. Según en qué región o en qué grupo social se ponga la lupa, las brechas son amplias y estructurales, sumado a la incertidumbre que se avizora en el actual horizonte político.
¿Qué lugar tiene en la agenda pública este debate? Desde la Fundación COLSECOR consideramos que es de suma importancia hacernos eco de esta problemática, porque el acceso a una vivienda, asequible y en condiciones adecuadas, es un derecho y, por lo tanto, es necesario que los estados sean partícipes de sus promociones y garantía.
Las cifras que grafican el déficit habitacional en Argentina son elocuentes. El 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% de los argentinos (o sea, casi 8 millones de personas) es alquilado. A su vez, menos de la mitad (40%), de quienes sí cuentan con vivienda particular, tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario).
Ahora bien, el déficit habitacional no es la mera falta de vivienda, esto es apenas una de las medidas de las privaciones urbanas. Este concepto abarca una variedad de situaciones que van desde la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, hasta la sobrepoblación en viviendas, el hacinamiento y la presencia de materiales de construcción precarios o inadecuados. Según los resultados del Censo, se estima que alrededor de un 25% de los hogares argentinos carece de una vivienda adecuada.
Mapa de los servicios básicos
El acceso a servicios básicos como gas, agua potable y cloacas sigue siendo desigual en Argentina. Si bien una parte considerable de la población tiene llegada a estos servicios a través de la red pública, aún persisten disparidades significativas, especialmente en áreas rurales y asentamientos informales. Ese déficit no solo afecta la calidad de vida de los hogares, sino que también contribuye al ciclo de pobreza y exclusión social.
En ese punto, los números que registró el INDEC marcan que sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas. A su vez, el gas de garrafa es utilizado todavía por el 43,9% de la población. Vale aclarar que el gas licuado llega a ser hasta 1.000% más caro que el combustible por red.
El Censo también permitió confirmar que el rasgo de centralismo económico es palpable, por ejemplo, en la distribución inequitativa del sistema cloacal: mientras que en una provincia como Chaco sólo el 32,4% de la población de viviendas particulares cuenta con desagüe a cloaca; en Córdoba es del 40,5%; en La Pampa es de 67,5%; en Chubut ese porcentaje es de 81,1% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 98,5%.
Algo parecido ocurre con la distribución del combustible para cocinar, pero aquí la brecha no es por provincias, sino a nivel regional. El mapa del censo muestra que en el NEA (Noreste), el gas natural brilla por su ausencia. En Formosa, sólo el 0,9% de la población cuenta con gas natural; en Corrientes: el 1,1%; Chaco: 1,2%, Misiones: 2,5%. Entre Ríos es la provincia con mejor porcentaje (26,5%) de la Mesopotamia, pero muy alejado de la media nacional (48,6%). Estas cifras no hacen más que demostrar el desbalance en políticas públicas: el desarrollo de la ingeniería y construcción de infraestructura troncal para el abastecimiento de gas en red es costoso y requiere de la inversión que materialicen los gobiernos (tanto a nivel nacional, como provincial).
Respecto al acceso al agua corriente por cañería dentro de la vivienda, el promedio nacional es del 93%, pero hay nueve provincias por debajo de ese promedio y tres muy distantes de esa cifra: Santiago del Estero (71%) Formosa (73,7%) y Chaco (78,6%).
Condiciones habitacionales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) brinda detalles sobre las condiciones para una vivienda adecuada y esa enumeración supera ampliamente a los datos que aporta el Censo. De hecho, algunos datos para este informe se extrajeron de otros trabajos, como es el estudio publicado por las organizaciones Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Techo en la presentación del informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”.
De todos modos, el Censo es una radiografía por distrito que resulta en un insumo fundamental si se quiere planificar políticas públicas situadas. El estado habitacional en Argentina varía ampliamente según la provincia y el contexto socioeconómico. Se observa que un porcentaje significativo de viviendas carece de ciertos elementos básicos de infraestructura, como paredes sin revoques, pisos sin revestimiento o techos sin aislación.
Esta falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes, además de contribuir a la inseguridad habitacional. A nivel total, casi cuatro de cada diez hogares (35,5%) no cuenta con techos con revestimiento o cielorraso y un 17% cuenta con pisos no consolidados (de ladrillos sueltos o tierra).
Uno de los datos que registró el INDEC cuantifica la “cantidad de viviendas particulares ocupadas que son rancho o casilla”, con salida directa al exterior. La primera, tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja, y la segunda está habitualmente fabricada con materiales de baja calidad o de desecho, tal como señala expresamente el informe derivado del Censo. Esas características afectan al 2% a nivel total del país, y en los extremos inferiores se encuentran Santiago del Estero (5,8%); Salta (5,7%); Chaco (4,6%), Corrientes (4,4%) y Formosa (4,3%). En cambio, La Pampa es la provincia con menor cantidad de viviendas tipo rancho o casilla (apenas un 0,27%). A su vez es de las pocas jurisdicciones que presenta buenas condiciones por encima de la media en todos los indicadores (el 99% tiene agua por cañería dentro de la vivienda, el 90% gas de red, el 95,1% pisos con revestimiento, el 85% techos con aislación, entre otros).
Entre los grupos vulnerables como pueblos originarios, migrantes y sectores de bajos ingresos, la situación habitacional es acuciante y estructural. A pesar de los programas de vivienda implementados por el Gobierno en años anteriores, muchos de estos grupos siguen enfrentando barreras para acceder a una vivienda digna y adecuada. La última Encuesta Nacional de Migrantes Argentinos (ENMA) arrojó que el 51% de las y los migrantes no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios mínimos: agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%).
Otros datos situados: un relevamiento realizado en 2019 por el investigador Tomás Capalbo, del Instituto Gino Germani (UBA), sobre el barrio Padre Carlos Mugica o Villa 31 (CABA), mostró que el 100% de los habitantes del complejo La Containera que fueron entrevistados hizo al menos una vez algún reclamo a la Secretaría de Integración Urbana por problemas edilicios, el 74% indicó que posee filtraciones y un 70% tiene una deficiente instalación sanitaria. A su vez, el 13 % de las viviendas cuenta con fisuras en sus paredes.
Alquilar, situación cada vez más frágil
Los inquilinos enfrentan, cada vez más, la incertidumbre en los contratos y el alto porcentaje de los alquileres. El aumento de los precios, en muchos casos por encima de la inflación, coloca una pesada carga financiera sobre las familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar la renta. Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en el mercado de alquileres, donde los convenios suelen ser precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos.
Hay provincias donde el porcentaje de personas que alquilan es más alto que en otras regiones: el ejemplo más claro es el de CABA (el 34,8% las personas censadas respondieron que alquila). Tierra del Fuego cuenta con 32,3% de viviendas particulares alquiladas. Le sigue Córdoba, con casi un cuarto de su población habitando una vivienda en alquiler (24,2%). Luego, Chubut, con 21,2%.
Un trabajo académico de Daniela Gargantini, investigadora de CONICET y del Centro Experimental de la Vivienda Económica, da cuenta de que en Córdoba el alquiler dejó de ser un instrumento de transición en el camino hacia la propiedad privada, para ser un modo de vida permanente. Sin embargo, se convirtió en una opción cada vez problemática, “vinculado con la falta de regulación y gestión del suelo urbano que lo hace inaccesible, tanto como por la escasa y homogénea producción habitacional promovida desde los diversos niveles del Estado”, señala la investigadora.
A los datos hay que analizarlos en contexto. Es muy diferente la situación en los cordones conurbanos de CABA-Buenos Aires con el panorama en Tierra de Fuego, donde es alta la tasa de alquiler por la composicional demográfica de sus habitantes (viven allí temporalmente por razones laborales). Un informe integral de ACIJ, CELS, CONICET, IDAES y el Instituto de Geografía de la UBA nos permite relacionar las cifras: en los barrios populares de AMBA, un 43% de los hogares se encuentra endeudado y, de estos, la mayoría destinó esas deudas al pago del alquiler.
La incidencia del alquiler es, en general, alta: un tercio de las familias destina más de la mitad de sus ingresos para pagarlo. Más de un tercio de los hogares alquila una pieza con baño y/o cocina compartida, o una cama en una pieza. Un 22% de los hogares vive en condiciones de hacinamiento crítico, y un 38% convive con una o más familias, en una situación de hacinamiento por cohabitación. Más de la mitad de los hogares vive en viviendas poco adecuadas o inadecuadas, y en un hábitat deficitario. Siete de cada diez inquilinos no tiene un plazo acordado para el alquiler; siete de cada diez hogares debieron mudarse en los últimos cinco años. El trabajo que hizo el equipo de investigación, tuvo lugar en 445 barrios populares, de los cuales 151 corresponden a CABA y 294 a barrios del GBA. Los casos de CABA corresponden en su totalidad a villas (el 34% de la muestra), mientras que los de provincia de Buenos Aires son asentamientos (el 66% de la muestra).
Como señalamos anteriormente, uno de los sectores más frágiles es el de los migrantes: en base a la ENMA, el 89% de quienes están hace menos de cinco años en el país deben alquilar, formal (45%) o informalmente (36%) mientras que solo el 25% de las personas que están hace más de 10 años lo hace. El 35% reconoció tener dificultades para acceder a las garantías o documentación para el alquiler por su condición de migrante.
Los hogares sostenidos por mujeres, personas del colectivo LGTBIQ+ y jóvenes son también los más desprotegidos al momento de alquilar, según el Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), un estudio realizado por la Universidad de San Martin y CELS. El IVI permite analizar cómo se distribuye la fragilidad habitacional entre los hogares inquilinos, según un conjunto de variables que identifican como críticas: la calidad de la vivienda, si el contrato es escrito o de palabra, el grado de dificultad para pagar el alquiler, si se arrastran deudas y si se identifica un mayor riesgo de desalojo. De ese modo, el IVI arrojó que, en los hogares sostenidos por mujeres, la alta vulnerabilidad llega al 34%, y en los que están a cargo de personas trans-travestis o no binarios llega al 38%. En cuanto a las diferencias por edad, la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el nivel más alto de vulnerabilidad: 33%. “Para un amplio sector, alquilar es una situación habitacional cada vez más frágil”, concluye el informe.
Por un enfoque integral, federal e inclusivo
Ante este escenario, es evidente la necesidad de activar políticas públicas destinadas a abordar con seriedad el déficit habitacional en Argentina. Desde la Fundación COLSECOR entendemos que sólo será posible a partir de políticas integrales, federales e inclusivas. Es urgente poner el foco en una re-distribución de partidas presupuestarias, tendientes a reducir las desigualdades en las condiciones habitacionales, sopesando las brechas regionales que expone el Censo 2022 y otros estudios recientes.
Traspasar la responsabilidad del Estado al mercado para transformar obras públicas en proyectos privados, simplifica la problemática en una solución única, que lejos está de ser una propuesta para las distintas realidades de las ciudadanías que no cuentan con su vivienda digna. Hay programas que son cáscara vacía. Aunque no fueron eliminados como el Plan Nacional de Suelo Urbano, el Pro.Cre.Ar o el Fondo para la Integración Socio Urbana, no cuentan con presupuesto. Sobre esta última política, en un documento público y conjunto, las organizaciones Hábitat para la Humanidad, Techo, ACIJ y CELS, defendieron los avances de este plan nacional nacido hace siete años, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sostenido y ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández y reclamaron por la necesidad urgente de que no se desfinancie.
Más allá de la ausencia del Estado Nacional, las cámaras legislativas y las jurisdicciones provinciales y municipales tendrán que tomar nota de este preocupante escenario, porque el derecho a acceder a una vivienda a un precio asequible, con los servicios básicos disponibles y condiciones de habitabilidad y seguridad no puede esperar.
