En los últimos años, Argentina es testigo de un incremento en la violencia digital de género, una problemática que afecta de manera especial a ciertos grupos y perfiles. Este fenómeno se ve exacerbado por el actual contexto social, marcado por la emergencia de políticas que dificultan la convivencia entre las ciudadanías y la circulación de discursos de odio en redes sociales y otros medios digitales.
La Fundación COLSECOR parte de la necesidad de un compromiso colectivo para cortar de raíz la violencia de género en Argentina en sus diversas manifestaciones, protegiendo así los derechos y la seguridad de las mujeres y diversidades. Sea en el entorno offline o en la arena digital, su naturalización tiene fuertes repercusiones en la vida cotidiana, por lo cual se constituye en un problema de orden público y, por ende, en una temática de interés para nuestra agenda.
Mujeres con voz pública, adolescentes, mujeres que se desenvuelven en sectores considerados masculinos (las gamers constituyen un caso paradigmático), activistas feministas, integrantes del colectivo LGBTIQ+, defensoras de derechos humanos, docentes y periodistas son quienes más sufren este flagelo. En Argentina es un problema en aumento que tiene impacto real e inmediato en la libertad de expresión y en la vida de esas personas, ya que provoca su silenciamiento y disciplinamiento, como medidas de autocuidado que suelen tomar, una vez que son destinatarias de amenazas y hostigamiento en línea.
En muchos casos, estos ataques tienen un impacto directo en la salud mental, en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Según el informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ONU Mujeres (2022), el 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia y una de cada tres cambió de puesto laboral.
Principales rasgos
Se habla de violencia de género en entornos digitales cuando los comentarios no están referidos al contenido de los mensajes en línea, sino que se dirigen a la persona, con foco en su condición de mujer o identidades disidentes. Incluye el acoso en línea, la difusión no consentida de información privada, la intimidación y las amenazas.
Hay que tener en cuenta que en las redes sociales y en el entorno virtual en general, se atormenta y se agrede a mujeres, porque así sucede desde tiempos remotos en la calle, en el trabajo, en la vida pública y privada. La violencia digital de género forma parte de un contexto de discriminación histórico.
La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer advierte que, en muchas ocasiones, el simple hecho de que ellas estén en línea las pone en situación de ser víctimas de violencia. Esta posibilidad se “acentúa cuando tienen una participación en conversaciones digitales o en la vida política, o cuando se pronuncian en torno a temas relacionados con la igualdad de género”.
En Argentina, este tipo de violencia se ha intensificado en paralelo con el auge de movimientos de derecha que promueven discursos misóginos y antifeministas. Como fenómeno internacional, las principales estrategias de lo que se ha dado en llamar “fascismo digital” incluyen acciones de manipulación de datos o la propagación de noticias falsas sobre cuestiones de género y personajes públicos femeninos. Internet y las redes sociales fueron aprovechadas por perfiles de activismo pacífico con el fin de bregar por la justicia de género, como ocurrió con el movimiento #NiUnaMenos, cuyo corolario resultó en las masivas marchas en las calles cada 3 de junio desde 2015. Sin embargo, en los últimos años también circulan y se apropian del universo digital una gran cantidad de grupos reaccionarios, autoritarios, xenófobos, machistas y homófobos, con el objetivo de alimentar el entorno virtual de violencia hacia las mujeres y diversidades.
Este tipo de violencia no acontece en una burbuja y tiene impactos reales en las personas. “Lo virtual es real” fue la consigna de la última campaña de la Fundación Bellamente y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, para visibilizar el impacto de esta violencia en la vida cotidiana de las mujeres. Más aún, en un contexto en el que la línea divisoria entre lo que ocurre dentro y fuera de las pantallas es cada vez más difusa.
A partir de la guía elaborada por la Organización de los Estados Americanos, OAS, se pueden mencionar las principales manifestaciones de la violencia digital de género:
*Trollear, intimidar y generar discurso del odio: La definición más difundida sobre el concepto de troll la brindan Ernesto Calvo y Aruguete en su libro “Anatomía política de Twitter en Argentina”; esto es, la de un individuo que en forma anónima se dedica a distorsionar la comunicación entre usuarios de una misma comunidad insultando, engañando y atormentando, en algunos casos con objetivos políticos y en otros por el placer sádico de infligir sufrimiento.
Por otro lado, también se manifiesta como ataques coordinados masivos (trolling). En ese punto, el gendertrolling sería la acción específica orquestada contra las mujeres y los colectivos LGTBIQ+ con la finalidad de contrarrestar los postulados feministas. Por lo general, esos trolls suelen reivindicarse como “luchadores por la libertad” y “revolucionarios”, ya que se entienden a sí mismos como hombres oprimidos y silenciados por un supuesto feminismo hegemónico frente al que reclaman una verdadera igualdad. Así, rechazan su identificación como machistas y, por extensión, su colaboración en prácticas que violentan a las mujeres o que pueden identificarse como violencia de género. Obturan y niegan que la violencia ejercida es por motivos de género, sea consciente o no. El tono reivindicativo de esos mensajes digitales se orienta a las mujeres asociándolas a los roles de madres, esposas y, sobre todo, su vinculación con las tareas del hogar al servicio del varón.
*Acosar, abusar y violentar. En los casos más extremos pueden llegar a convertirse en amenazas con daño físico y/o violación. Una de esas manifestaciones es lo que se conoce como cyberflashing, es decir, el envío de imágenes sexuales sin consentimiento, una práctica muy común en los espacios online. De acuerdo con Amnistía Internacional, 88% de las mujeres sufren abusos y ciberacoso tras la publicación de contenidos feministas.
*Doxing: publicar sin autorización información privada y datos personales. Esta forma de violencia se manifiesta en forma de ataques a cuentas en línea o dispositivos de una persona (teléfonos móviles, computadoras, tabletas, etc.) para obtener, manipular y/o publicar información de manera no autorizada mediante el robo de contraseñas, instalación de programas espías, robo de equipo o registradores de teclas. Puede involucrar también el acceso no autorizado y control total de cuentas o dispositivos de una persona.
*Suplantación y robo de identidad: Es una actividad que consiste en hacerse pasar por otra persona en línea usando sus datos personales con el fin de amenazarla o intimidarla. Esto puede hacerse mediante la creación de perfiles o cuentas falsas en redes sociales o la usurpación de cuentas de correo o números de teléfono que puedan ser utilizados para contactar amistades, familiares, colegas o conocidos de la víctima con el propósito de entablar comunicación y tener acceso a información privada.
*Deepfake: Desde 2017 existen programas de software que utilizan técnicas de aprendizaje automático para intercambiar la cara de una persona con la de otra. Estos programas se están usando para crear videos pornográficos falsos y publicarlos en línea. Con estos videos se ha atacado en particular a mujeres que participan en la vida política; sin embargo, se prevé que su uso se extenderá puesto que esta tecnología se ha vuelto más accesible para usuarios que no son expertos. Como señala la investigadora Natalia Zuazo en esta nota, el 96% de los deepfakes se construyen sobre imágenes de mujeres, generando ataques contra ellas y viralizando imágenes no consentidas”.
*Actos que implican la vigilancia y el monitoreo de una persona: El monitoreo y la vigilancia constante de las actividades de una persona en línea y fuera de internet o de su ubicación constituyen formas de violencia que pueden realizarse con la intervención de diferentes tecnologías. Se pueden realizar con un spyware instalado en el celular de la víctima para monitorearla clandestinamente o robar su información. También se efectúan con dispositivos de geolocalización ubicados en automóviles o en bolsas de mano, juguetes, cámaras de vigilancia, asistentes virtuales o dispositivos inteligentes conectados. Con ciertos tipos de software maliciosos, los agresores pueden encender de forma remota la cámara o el micrófono del teléfono móvil, rastrear la ubicación de la víctima, monitorear el uso de aplicaciones o interceptar llamadas.
*Grooming: En Argentina el grooming es delito penal. Comete este delito quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma (art. 131 Código Penal).
Argentina ha suscrito a varias convenciones y tratados internacionales con rango constitucional que así lo establecen: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) de 1994. A nivel nacional, contamos con varias normativas, como la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o Ley 27499, Ley Micaela.
Este encuadre es sumamente relevante, ya que queda establecido que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, doméstico, sino una violación de los derechos humanos y por lo tanto una cuestión de Estado, que asume el compromiso de adecuar progresivamente la normativa nacional y las políticas públicas a los estándares inter nacionales de derechos humanos.
Los perfiles más hostigados
Los principales perfiles que sufren ataques son las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, siendo las más afectadas quienes están en una relación de violencia, mujeres con voz pública (como periodistas, investigadoras o activistas feministas) y mujeres con mucha visibilidad o que entran en espacios considerados masculinos (como videojuegos, fandoms, tecnología o deportes). Las edades también son un factor que tracciona mayor violencia digital: las niñas y adolescentes son las más vulnerables. Por otro lado, el colectivo LGBTQI+ y las personas con discapacidad tienen más probabilidades de que se abuse de sus imágenes en internet, según detallan las campañas lanzadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Es esencial no naturalizar cuando lo que comienza a circular masivamente no es la crítica sino la intención de incitar a otros a discriminar, a ser hostiles o violentos contra personas o grupos determinados. Sin embargo, en las redes sociales, sobre todo en X (ex Twitter), Tik Tok, Instagram, Youtube nos acostumbramos a la violencia contra periodistas, activistas de derechos humanos y figuras públicas. Se trata de un tipo de violencia de género que, como dijimos anteriormente, afecta especialmente la libertad de expresión, porque en muchos casos las víctimas optan por silenciarse, evitar el uso de las redes, minimizar sus opiniones por temor a represalias, tal como se observan en los siguientes perfiles:
*Las Periodistas. La violencia en las redes es, cada vez más, tema de conversación entre los grupos de mujeres periodistas. En el último informe abordado por UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) se destacó que siete de cada diez periodistas experimentaron violencia en línea durante la realización de su trabajo, de ellas, el 25% recibió amenazas de violencia física y el 18% fue amenazada con violencia sexual.
En Argentina aparece la misma preocupación entre organizaciones como la Red de Editoras de Género (UNFPA). En el mes de abril, en la Feria del Libro, esta organización presentó junto a UNICEF, PNUD y ONU Mujeres un informe detallado sobre las modalidades que buscan silenciar a mujeres con voz pública y una guía de estrategias y desafíos para llevar adelante tanto en las empresas de medios, como desde el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Las mujeres periodistas que reciben mayores agresiones son quienes cubren temas de política, judiciales, economía, deporte y los derechos de la mujer. Según estudios realizados sobre violencia contra periodistas, se identifican tres tipos de ataques. El primero es el acoso y abuso misógino, que suele ser muy sexualizado, y va desde los insultos de género hasta aquellos dirigidos contra su apariencia, sexualidad y profesionalidad; estos están diseñados para disminuir su confianza y empañar su reputación. Este abuso puede provenir de individuos o ser un ataque en red organizado por grupos misóginos (trolls). Una segunda tipología son las campañas organizadas de desinformación con narrativas misóginas (vídeos porno falsos, memes ridiculizadores, entre otros) que pretenden menoscabar la credibilidad y confianza de la periodista para lograr que se retire de la escena pública. El tercero consiste en amenazas a la seguridad y la privacidad digital que aumentan los riesgos físicos asociados con la violencia en línea.
En abril, la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que el youtuber y tuitero Manuel Jorge Gorostiaga, más conocido como Danann, deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género por el hostigamiento sistemático en redes sociales por motivos de género hacia la periodista Marina Abiuso. Luego de esas situaciones, que se masificaron y extendieron a su vida personal, renunció a su cargo de editora de género en el sitio de noticias de TN.
*Las activistas feministas y de Derechos Humanos. Son uno de los blancos más visibles de la violencia de género digital. El auge de movimientos como el #NiUnaMenos ha sido contrapuesto por una ola de ataques machistas y violentos. Estas agresiones no solo buscan desarticular sus esfuerzos, hostigar a título individual, sino también disuadir a otras mujeres de sumarse a la lucha por los derechos de género. Según el Observatorio de Violencia de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” se registraron más de 1500 casos de acoso y amenazas en línea contra mujeres militantes feministas durante 2023.
*Docentes bajo Ataque. La implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) ha generado una reacción violenta por parte de sectores conservadores. Estos grupos utilizan plataformas digitales para difamar y acosar a las docentes, acusándolas de “adoctrinar” a los estudiantes.
El resultado es un clima de hostilidad y censura que afecta la labor educativa y el bienestar emocional de las educadoras. La ONG Acoso Online Argentina informó que el 80% de las docentes que enseñan ESI han recibido algún tipo de amenaza o acoso digital. En el IV Encuentro de Cátedras de Comunicación y Género, organizado por REDCOM, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Entre Ríos, se expusieron casos de amenazas y amedrentamiento hacia docentes y estudiantes que dan materias con enfoque feminista o militan en agrupaciones de derechos humanos.
Un ejemplo concreto y reciente es el de la docente de Punta Indio agredida por el discurso público que dio sobre Malvinas, quien luego de recibir amenazas en las redes sociales tuvo que acudir al botón antipánico. Los insultos y adjetivaciones hacia ella fueron accionados por grupos organizados, al mismo tiempo que estaba hablando en público en un acto por el 2 de abril. También consignaron pedidos para “que la echen”, “hay que dejarla en la calle”. Este cúmulo de agresiones fue justificado y potenciado por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien a través de la red X apoyó las agresiones verbales: “Vinimos a despertar leones, nunca más callarse y dejarse pisotear”, agregó el mandatario como contraposición al haber corpus presentado por Comisión Provincial por la Memoria y el Ministerio de la Mujer de Provincia de Buenos Aires para proteger a la docente.
*Mujeres Gamers. Los videojuegos se han considerado como algo por y para hombres, pero cada vez son más las mujeres que incluyen al gaming entre sus entretenimientos favoritos, incluso a nivel laboral. Al igual que en las redes sociales, el rasgo de anonimato que permiten los videojuegos, hace que el ejercicio de la violencia se dé mucho más fácil. La investigadora Rocío Mieres señala que el rubro de los videojuegos, así como cualquier tipo de industria, es parte de una esfera sociocultural plagada de estereotipos de género y prácticas sexistas irresueltas. “Los juegos van a dejar de tener estas problemáticas cuando como sociedad las solucionemos, es solo reflejo de quiénes somos”, señala la especialista.
*Grupos marginados. Mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, mujeres con discapacidad, mujeres de una minoría étnica o racial y mujeres indígenas constituyen también suelo fértil para quienes agreden y discriminan en el entorno digital. No se reduce a lo que sucede en Argentina. Diferentes estudios dan cuenta de que los discursos de odio hacia los feminismos se entrelazan con elementos racistas, homolesbotransfóbicos y clasistas.
*Adolescentes. Las más jóvenes son destinatarias frecuentes de violencia sexual en línea, que reproduce formas de hostigamiento, acoso y abuso sexual. Es que su acercamiento a redes sociales es masivo y constante para entretenimiento y comunicarse con sus pares, tal como demuestra el estudio de Juventudes de la Fundación COLSECOR.
La violencia de género digital en Argentina es una problemática urgente que requiere una respuesta integral y coordinada. Es fundamental que el Estado, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto tomen medidas para proteger a las mujeres y diversidades de los ataques en el entorno virtual. Sin embargo, un informe que acaba de publicar la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en el marco de un nuevo aniversario del #NiUnaMenos señala que, en lo que va de 2024, el presupuesto en políticas de género es un 26,8% más bajo que el año pasado y ya se ejecutó casi la mitad del total anual. Otra cara del mismo problema son las áreas de género que se eliminaron desde la llegada de La Libertad Avanza al poder: por ejemplo, de contar con 7 provincias con Ministerio, en 2023, quedaron sólo 2 en 2024 (PBA y Neuquén), además de la eliminación del Ministerio de Género de Nación.
Estrategias para frenar y prevenir la violencia digital de género
*Implementación de Leyes y Políticas: Promover y fortalecer leyes que penalicen la violencia de género digital. En octubre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital entre las modalidades de violencia descritas en la Ley N° 26.485 de protección integral. Lleva su nombre en reconocimiento de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien luego de sufrir violencia digital y no poder acceder a la justicia, embanderó las luchas para visibilizar, prevenir y crear las reformas legislativas necesarias..
*Educación y Concientización: Fomentar programas educativos que aborden el respeto y la igualdad de género desde temprana edad. La ESI brinda herramientas para prevenir el ciberacoso entre niñas y adolescentes. Se puede descargar material elaborado por iniciativa Spotlight aquí: https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/esi-cartilla-web.pdf
*Apoyo a Víctimas: Crear redes de apoyo y recursos para las víctimas de violencia digital. Algunas de las líneas donde reportar acoso son: 144 (Atención a víctimas de violencia de Género), la Línea 102 (servicio de escucha, orientación, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes), las áreas de Género provinciales y municipales, organizaciones que defienden los derechos de mujeres y diversidades, como UNFPA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación ACNUR, Fundación Avón, Unicef Argentina.
*Responsabilidad de las Plataformas: Exigir a las empresas de redes sociales y plataformas digitales que implementen mecanismos efectivos para la denuncia y remoción de contenido violento. Se trata de una preocupación mundial, aunque hay disparidad en términos de regulación. Mientras que los gobiernos de la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá están analizando diversas opciones para limitar las acciones de los gigantes de Internet, en América latina este debate se aborda de manera más incipiente, tanto a nivel académico, como legislativo.
La violencia contra mujeres y diversidades a través de las tecnologías digitales tiene consecuencias reales. Afecta su acceso, uso y disfrute del entorno virtual y puede producirles graves daños emocionales y físicos. Solo entendiendo que se trata de un problema de orden público, de derechos humanos y que atañe a la sociedad en su conjunto se podrá dar pasos firmes en el compromiso de frenar este flagelo.
